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Seguramente la mayoría de los lectores de este artículo no se sientan identificados ni incluidos en esta nueva categoría de pobres que acaba de nacer con los latigazos que está infligiendo esta dura crisis económica. Pero existen. Son reales. Y tal vez estén más cerca de lo que creemos. Son nuevos pobres. O si queremos matizarlos, una nueva forma de pobreza. A veces sutil pero tan despiadada como cualquier otra. Los pobres energéticos son aquellos que sufren los rigores de la falta de recursos económicos para poder hacer frente a las necesidades de consumo mínimo que se precisan en el día a día. El «Estudio sobre Pobreza Energética en España. Potencial generación de empleo derivado de la rehabilitación energética de viviendas» desarrollado por la Asociación de Ciencias Ambientales ha determinado la situación de la pobreza energética en España en base a varios indicadores, distribuido por comunidades autónomas y en comparación con otros países de la Unión Europea, además de establecer también la relación entre la pobreza energética y el paro. Según este estudio cabe entender como pobreza energética la incapacidad de un  hogar de satisfacer una cantidad mínima de servicios de la energía para sus necesidades básicas, como mantener la vivienda en unas condiciones de climatización adecuadas para la salud (de 18 a 20º C en invierno y alrededor de 25º C en verano). Las causas que generan esta precariedad energética son diversas: bajos ingresos familiares, calidad insuficiente de la vivienda, precios elevados de la energía, precios elevados de la vivienda, etc. Las consecuencias que tiene en el bienestar son también variadas: temperaturas de la vivienda inadecuadas, incidencias sobre la salud física y mental (incluyendo mortalidad prematura de ancianos), riesgo de endeudamiento y desconexión del  suministro. La imagen de operarios, a veces acompañados por fuerzas de seguridad, entrando en un edificio para cortar el fluido de energía eléctrica es una estampa más que nos dejan estos tiempos. No es una circunstancia extraña ni marginal. Algunas estadísticas elaboradas en los últimos años apuntan a que en España cerca de 10% de los hogares son incapaces de afrontar las necesidades energéticas con unas mínimas garantías lo que deriva, de una forma o de otra, en esa denominada pobreza energética. El propio Comité Económico y Social Europeo proponía tener en cuenta la pobreza energética a la hora de elaborar cualquier propuesta de política energética y se afirmaba que mejorar la eficiencia energética en la construcción era un aspecto clave para abordar la pobreza energética, considerándola una nueva prioridad social. Además recomendaban medidas como el establecimiento de un Observatorio Europeo de la Pobreza, centrado principalmente en la pobreza energética, la creación de un Fondo Europeo de Solidaridad Energética o el impulso de una campaña de información a nivel europeo sobre la lucha contra la pobreza energética y la solidaridad en este ámbito. Los pobres energéticos existen. En España, cada vez son más. A nuestro alrededor empiezan a proliferar.

Asesor. Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua: Persona que asesora. Y dicho de un letrado: Que, por razón de oficio, debe aconsejar o ilustrar con su dictamen a un juez lego. Pero el asesor existe no solo en el campo jurídico sino que sus funciones se van extendiendo cada vez más a todos los ámbitos de la sociedad. Porque, según sea su capacidad resolutiva, al asesor se le considera por su conocimiento, por su experiencia, por pericia. Partiendo de estas premisas ¿por qué no contar con el trabajo de un asesor energético? Y mucho más en estos tiempos revueltos, de cambios y revoluciones en las facturaciones, de liberalización y comercialización libre. En esa maraña, el asesor energético puede convertirse en nuestro explorador particular, el guía que precisamos a nuestro servicio para que nos ayude a abrirnos paso en esta selva de tarifas y empresas que tratan de seducirnos con sus ofertas y precios. ¿Dónde encontrar un asesor energético de confianza? Muy buena pregunta. Suponemos que habrá muchos, pero nosotros hablamos de lo que nos es próximo y por tanto fiable. En la empresa INEL, con más de 25 años de trayectoria profesional, plantean una forma interesante para asesorar a los clientes que puedan interesarse por contratar sus servicios. Sobre todo porque nos ponen a disposición un asesor energético. ¿Y de qué se ocupa este asesor energético? De entrada de observar la facturación que tenemos, de comparar la compañía actual con la propuesta de FENIE ENERGIA, de establecer un cálculo del término de potencia, del término de energía, del impuesto eléctrico y del alquiler de equipo de medida. Con todos estos baremos nos ofrecen un estudio comparativo de lo que pagamos y de lo que pagaríamos. En eso consiste la tarea de un asesor energético, en informarnos de lo que ahorraríamos con otras propuestas diferentes a las que estamos utilizando en la actualidad. El valor de la diferencia es lo que merece la pena. Porque un asesor energético, además, resuelve dudas y consultas, ofrece una atención personalizada con la garantía de la empresa instaladora y, siempre, buscará la mejor alternativa para nuestros intereses. La ecuación es sencilla, si tiene nuestra confianza y nos ofrece calidad de servicio y ahorro económico, entonces…  

El pasado viernes el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 413/2014 que regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de tecnologías renovables, cogeneración y residuos, por el que se fija una rentabilidad diferente de las primas. Este nuevo baremo significará un recorte de 1.700 millones de euros, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La rentabilidad fijada para las renovables será del 5,8%, cerca de dos puntos menos que los 7.5% del borrador original del Real Decreto. José Manuel Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo, explicó que los objetivos del nuevo sistema son «dotar de estabilidad al sistema, dar una rentabilidad razonable e introducir certidumbre en el sector». Soria además ha apuntado que se ha aprobado otro real decreto para agilizar y aumentar la eficiencia en las colocaciones del déficit de tarifa, deuda acumulada entre los ingresos y los costes del sistema que supera a los 30.000 millones. El ministro apuntó al coste de las renovables como una de las causas de la generación del déficit de tarifa e indicó que había que tomar medidas porque de otro modo se iría «a la quiebra». En 2013 las primas sumaron 9.000 millones en 2013, una partida que este año bajará a unos 7.300 millones. Las tecnologías del régimen especial recibirán 200.000 millones de euros de retribución en toda su vida útil, según los cálculos del gobierno. Por su parte, la Asociación Empresarial Eólica (AEE) aseguró que recurrirá “con todas sus fuerzas y en todas las instancias”  posibles el real decreto al ser una regulación “injustificada y  desproporcionada, que desencadenará una larga parálisis de inversión, multitud de pleitos a nivel nacional e internacional y continuará con la inestabilidad regulatoria”. El presidente de la AEE, José López-Tafall calificó 2013 como “el peor año que ha tenido la industria eólica”, y destacó que se trata de la regulación energética “más restrictiva que ningún país haya tomado contra el sector eólico”. López criticó que la tecnología eólica sea “sin duda” la “más perjudicada” por la reforma, a pesar de que el año pasado se constituyó como la principal energía. Greenpeace también se suma a las críticas. El grupo ecologista opina que el Real Decreto penaliza a los productores más eficientes, cambia el sistema retributivo a las renovables y desincentiva las inversiones renovales. Tal y como explican, el nuevo decreto cambia el actual sistema de primas que estaba vinculado a la energía producida, por un sistema en el que la retribución depende de la potencia instalada, que no tienen relación con la energía real que se vierte a la red. Marina Bevacqua, responsable de la Campaña de Energías Renovables de Greenpeace declaró que «esta nueva normativa supone cambiar las reglas en medio del juego. Las personas y empresas que decidieron hacer inversiones en energías renovables lo hicieron bajo el amparo de unas normas en vigor que ahora de pronto ya no existen».  

A los hogares españoles ya están empezando a llegar los recibos de las compañías eléctricas después de la última reforma que realizó el gobierno. La gran pregunta que estaba en la calle era cómo iba a afectar a los bolsillos el cambio. Pues bien, no hay una sola respuesta. Hay tantas como efectos se están produciendo en cada economía doméstica. Una buena muestra la encontramos haciendo una amplia revista de prensa a través de los medios de comunicación que se están haciendo eco de estas consecuencias. Así, en Público.es se dice que el nuevo recibo “sólo leerlo ya cansa”. Apunta Ignacio Mártil, autor de este artículo que “a partir de junio, dicen que el precio de la parte variable se va a fijar al coste instantáneo y, por lo tanto, viviremos en el mejor de los mundos posibles. Pero no se haga ilusiones; los actores intervinientes en el proceso seguirán siendo los mismos. Y como sin duda se ha dado usted cuenta, en la energía como en los casinos, la banca siempre gana”. Por su parte en el diario El País se habla claramente de que la nueva tarifa se estrena con rebajas. “La nueva tarifa eléctrica denominada Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), que se usa desde abril para determinar la factura de la luz, ha supuesto un ahorro de entre nueve y 12 euros, en el primer mes en que está en funcionamiento. La rebaja se calcula teniendo en cuenta los impuestos —el 21% del IVA y el 4,8% de los tributos sobre la electricidad— y el contrato de potencia. Esto supone un descenso de entre el 10% y el 15% en el recibo de la luz, según datos aportados por fuentes del sector. El ahorro será mayor cuanto mayor sea el consumo.El nuevo mecanismo (PVPC), que afecta a 16 millones de consumidores, determina un precio distinto de la electricidad para cada hora o periodo de facturación según los resultados de los mercados de energía eléctrica que tiene en cuenta el coste de producción de la electricidad, los peajes —que incluye las primas a las renovables entre otros conceptos— y los costes de comercialización”. La agencia Europa Press recuerda que los efectos todavía no serán palpable en todos los casos puesto que las compañías disponen de un periodo de adaptación. “Durante el periodo transitorio, es decir, entre el 1 de abril y el 1 de julio, ambos de 2014, y siempre que la compañía eléctrica no esté adaptada a la nueva norma, se seguirá facturando de acuerdo con lo facturado, en cuanto al coste de la energía, para el primer trimestre de este año, que, con posterioridad, deberá ajustarse y refacturarse en función de la evolución del mercado. Por este motivo, tanto las cantidades pagadas en exceso durante el primer trimestre del año 2014, como, en su caso, las cantidades pagadas en exceso durante el periodo transitorio (que empieza el 1 de abril), serán devueltas, siendo especificadas directamente en la oportuna factura”. Mientras implanta el nuevo sistema de facturación, el Gobierno ha impuesto una tarifa de 48,48 euros MWh, aunque al final el precio del mercado mayorista se ha establecido en 26,09 euros MWh. Las eléctricas tendrán que reembolsar las diferencia también en abril prácticamente a todos los clientes acogidos a la Tarifa de Último Recurso (TUR).

De acuerdo, el ciudadano medio no es un experto en temas energéticos, no tiene por qué tener los conocimientos previos para poder tomar la mejor decisión. De acuerdo, el problema actual es que ese ciudadano medio vive inmerso en una confusión porque el precio que paga por la energía que consume le parece elevado, porque cada día recibe un bombardeo de información alarmante sobre lo que está subiendo la tarifa y, sobre todo, porque la mayoría de las veces no entiende el significado del recibo en el que teóricamente se le explican los conceptos que configuran la factura energética. Vamos por partes. ¿Qué elementos integran esa factura? En líneas generales son cinco los ingredientes. En primer lugar, tenemos el término fijo o de potencia contratada. Aquí es donde se encuentra el quid de la cuestión que nos tiene envueltos en la polémica informativa de los últimos meses ya que es donde el gobierno ha centrado las subidas de tarifa en las dos últimas revisiones de los peajes: la del 1 de agosto y la del 1 de febrero. Después volveremos a este punto porque capitaliza parte del problema y también de la solución. En segundo lugar tenemos el término de consumo que ha perdido peso en la factura respecto a la potencia tras esas últimas revisiones. Tanto que, tras las últimas modificaciones, en los recibos prácticamente nos aparece equiparado, o en desventaja, frente al término fijo o de potencia.   En la factura que paga el usuario también aparecen los conceptos de impuesto sobre electricidad, el alquiler sobre los equipos de medida y el impuesto sobre el valor añadido (IVA). Y ahora regresemos al quid de la cuestión, a ese término fijo o de potencia que es donde el precio ha experimentado un mayor crecimiento tras las últimas decisiones gubernamentales. ¿Qué hacer? ¿Cómo podemos actuar? Naturalmente la decisión de cada usuario es libre pero nosotros recomendamos actuar con inteligencia y adaptarse a los nuevos tiempos. Para eso es preciso que reflexionemos. ¿De verdad necesitamos toda la potencia que tenemos contratada? Si la respuesta es negativa, o como mínimo dubitativa, el camino a seguir es muy fácil: recurrir a los profesionales. Esa es, sin duda, la opción más adecuada. Solicitar a un equipo profesional que nos realice un trabajo de asesoramiento y medición sobre la potencia y el consumo que utilizamos en nuestro domicilio o en nuestra empresa. De su respuesta dependerá un buen ahorro para nuestro bolsillo.

Es cierto. Lo que hace años era difícil de digerir ya convive con nosotros. Y hay que saber afrontar el cambio. Se acabó el monopolio de las grandes compañías. Cuando acaba una dictadura, por muy prolongada en el tiempo que se haya perpetuado, provoca una sacudida. Obliga a quitarse de encima la holgazanería de seguir haciendo las cosas como siempre, por pura inercia. Y lo que tiene toda democracia es que obliga a pensar. A moverse. A tomar decisiones. A implicarse. Vivimos una nueva época con la liberalización de las compañías suministradoras de energía eléctrica. Aunque pueda provocar cierta confusión, entre tanta penumbra existe la luz. Sólo hay que buscarla. Los consumidores que tengan mayor información, y de mejor calidad, serán capaces de tomar las decisiones adecuadas. Sus economías domésticas se lo agradecerán.  El peligro está en perderse entre la maraña de empresas, ofertas, promociones y mensajes publicitarios que van en busca del consumidor errante. La libertad de cada usuario obliga a mantenerse alerta ante todos los cambios que se están produciendo. A pesar de la velocidad de vértigo con la que se suceden. Encontrar la solución adecuada precisa de un ejercicio mínimo de implicación para entender lo que hay detrás de cada empresa. Y lo que ofertan las compañías más cercanas son valores añadidos que no pueden pasarse por alto: la confianza y credibilidad que otorgan los años de experiencia; la personalización en el trato directo; la proximidad ante cualquier problema. Todas estas razones son las que deben alumbrar en medio de tanta confusión reinante. Si se toman estas características como premisa para optar por una u otra compañía, seguro que la decisión es acertada.