El pasado viernes el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 413/2014 que regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de tecnologías renovables, cogeneración y residuos, por el que se fija una rentabilidad diferente de las primas. Este nuevo baremo significará un recorte de 1.700 millones de euros, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La rentabilidad fijada para las renovables será del 5,8%, cerca de dos puntos menos que los 7.5% del borrador original del Real Decreto.
José Manuel Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo, explicó que los objetivos del nuevo sistema son «dotar de estabilidad al sistema, dar una rentabilidad razonable e introducir certidumbre en el sector». Soria además ha apuntado que se ha aprobado otro real decreto para agilizar y aumentar la eficiencia en las colocaciones del déficit de tarifa, deuda acumulada entre los ingresos y los costes del sistema que supera a los 30.000 millones. El ministro apuntó al coste de las renovables como una de las causas de la generación del déficit de tarifa e indicó que había que tomar medidas porque de otro modo se iría «a la quiebra». En 2013 las primas sumaron 9.000 millones en 2013, una partida que este año bajará a unos 7.300 millones. Las tecnologías del régimen especial recibirán 200.000 millones de euros de retribución en toda su vida útil, según los cálculos del gobierno.
Por su parte, la Asociación Empresarial Eólica (AEE) aseguró que recurrirá “con todas sus fuerzas y en todas las instancias” posibles el real decreto al ser una regulación “injustificada y desproporcionada, que desencadenará una larga parálisis de inversión, multitud de pleitos a nivel nacional e internacional y continuará con la inestabilidad regulatoria”. El presidente de la AEE, José López-Tafall calificó 2013 como “el peor año que ha tenido la industria eólica”, y destacó que se trata de la regulación energética “más restrictiva que ningún país haya tomado contra el sector eólico”. López criticó que la tecnología eólica sea “sin duda” la “más perjudicada” por la reforma, a pesar de que el año pasado se constituyó como la principal energía.
Greenpeace también se suma a las críticas. El grupo ecologista opina que el Real Decreto penaliza a los productores más eficientes, cambia el sistema retributivo a las renovables y desincentiva las inversiones renovales. Tal y como explican, el nuevo decreto cambia el actual sistema de primas que estaba vinculado a la energía producida, por un sistema en el que la retribución depende de la potencia instalada, que no tienen relación con la energía real que se vierte a la red. Marina Bevacqua, responsable de la Campaña de Energías Renovables de Greenpeace declaró que «esta nueva normativa supone cambiar las reglas en medio del juego. Las personas y empresas que decidieron hacer inversiones en energías renovables lo hicieron bajo el amparo de unas normas en vigor que ahora de pronto ya no existen».